Definiciones y aclaraciones de conceptos

En momentos políticos como los que vivimos, donde el populismo está a la orden del día y abundan las tertulias, parece necesario definir algunos conceptos con el fin de esclarecer las declaraciones de políticos, tertulianos y periodistas que pueden llevar a confusión:

Sectario:
Adj. Secuaz, fanático e intransigente, de un partido o de una idea.

Según esta definición, cualquier persona intransigente con una idea sería sectario. En nuestro país, ideológicamente, los partidos se dividen en derecha e izquierda. Si los partidos políticos defienden sus ideas y son intransigentes con las ideas de los demás, entrarían en esta categoría. Hemos visto a partidos de izquierdas adoptar medidas liberalizadoras y, en cambio, nunca hemos visto a los partidos de derecha adoptar posturas socialdemócratas o marxistas. Las diferentes ideologías de la izquierda y sus distintos partidos políticos llegan a acuerdos y a consensos, mientras que el partido de derechas hegemónico en España lanza propuestas que, o son aceptadas totalmente, o se niegan a discutir. Esta actitud de estar en posesión de la verdad sería sectarismo, más propio de la religión que de la política. Por lo tanto, cuando gente como Joaquín Leguina dice que no es sectario, debe estar refiriendose al PP o, de lo contrario, debe comprarse un diccionario.

Bueno:
Adj. Que tiene bondad en su género.
Adj. Útil y a propósito para algo.
Adj. Gustoso, apetecible, agradable, divertido.
-ismo:
Suf. Forma sustantivos que suelen significar doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos. Socialismo, platonismo, impresionismo.

Todas las connotaciones de bueno son positivas, por lo que si añadimos el sufijo –ismo, la doctrina buenista puede considerarse como un avance, por muy peyorativamente que quiera utilizarse el término. Considerar que todas las personas tienen unos derechos inviolables independientemente de su nacionalidad es algo positivo. Considerar que se debe negar el derecho a la educación y a la sanidad a la gente por una situación jurídica determinada o que se debe expulsar a personas una vez ya no son necesarias como si fueran objetos es racismo.

Imputado:
Adj. Der. Dicho de una persona: Contra quien se dirige un proceso penal.

Una persona imputada no es una persona culpable. Tras la investigación correspondiente, puede establecerse la inocencia del imputado. Considerar culpables a los imputados sería cambiar la lógica de la presunción de inocencia de nuestro sistema legal por una lógica de presunción de culpabilidad. Por lo tanto, proponer la expulsión de sus cargos a las personas imputadas antes de ser juzgadas es pervertir nuestro sistema.

Parcial:
Adj. Que sigue el partido de alguien, o está siempre de su parte.

No hay que confundir objetividad, concepto teórico imposible de conseguir por parte de sujetos, con parcialidad, que es tomar partido siempre por alguien. Aunque la imparcialidad es prácticamente imposible, se puede intentar tender hacia ella. Por otro lado se puede ser totalmente parcial y, en este sentido, se ha de tener en cuenta a la hora de valorar las opiniones de las personas parciales. Una persona que odia abiertamente a tres partidos, digamos ICV, C’s y PP, que está enfrentada abiertamente por motivos personales con los dirigentes de otro, pongamos ERC, que se define como catalanista y considera a un partido, PSC, como sucursal de un partido según ella poco catalanista, PSOE, y que además se convierte en biógrafa del líder del último partido con representación parlamentaria, es parcial.

Fuente de las definiociones: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Estos días se ha estado debatiendo y finalmente aprobando un decreto en el Parlament de Catalunya para que baste con una mayoría de la mitad de la cámara para substituir a los miembros del consejo de gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El hasta ahora presidente, Albert Sáez, deja el cargo para trabajar en El Periódico y su vacante en la presidencia, en una nueva muestra de buena práctica política, fue paralizada por CiU ya que Sáez es cercano al gobierno y el candidato propuesto, Enric Marín, también lo es. Si no se substituía al presidente, la configuración del nuevo consejo favorecería a la formación nacionalista, y como aquí lo importante es el reparto de poder, mejor no substituir a los miembros y esperar a las elecciones y a una configuración del parlamento previsiblemente más favorable a CiU. Luego ya iremos quejándonos de que el tribunal Constitucional no substituye a sus miembros. Más allá del hecho de que la gente acepte cargos públicos y luego no cumpla su mandato en un ejemplo de responsabilidad, y de que en el momento de redactar la ley nadie se plantease un mecanismo de substitución de los miembros, este es un buen momento para recordar el despropósito de la elección del consejo de gobierno de la CCMA.

Para salvaguardar la independencia de la CCMA, el parlamento catalán aprobó una nueva ley en 2007. Con esta ley, se cambiaba el nombre de la Corporación –anteriormente de Ràdio y Televisió- y se establecia la necesidad de un consenso de tres cuartas partes de la cámara para designar a los miembros del consejo de gobierno. De este modo se pretendía acabar con la politización de los medios catalanes. ¿Seguro?

Aún no se había publicado la ley cuando el diputado del PSC Joan Ferran, en una entrevista concedida a El Periódico el 4 de diciembre de 2007, manifestaba la necesidad de “arrancar de Catalunya Ràdio y TV-3 la costra nacionalista", y aseguraba: “con la nueva ley se empezará a respetar la pluralidad, la diversidad, la objetividad y el libre ejercicio profesional del periodismo”. Tras estas declaraciones, el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras (ERC), negó que el gobierno compartiese las declaraciones de Ferran. También la segunda autoridad política del país, el presidente del Parlament Ernest Benach (ERC), se vio involucrado en el asunto al negar la potestad del CAC para sancionar al diputado socialista. Todo esto justo antes de nombrar al consejo de gobierno de la CCMA.

El gobierno de la Generalitat propuso para la presidencia a Albert Sáez, hasta entonces responsable de comunicación del gobierno, medida que CiU rechazó al considerar que la propuesta iba contra “el espíritu despolitizador” de la ley. Como alternativa, CiU propuso a David Madí, responsable de campaña de los nacionalistas y autor del famoso confidencial.cat. Toda una muestra de independencia y coherencia política por parte de CiU. La respuesta del PSC a esta propuesta no desmerece a la de CiU: la diputada socialista Anna Balletbò. Según el ABC (16.12.2007), Madí intentó mediar en el conflicto y convencer a los socialistas con esta propuesta: “Yo me quedo TV3, tú con C33 y tus socios con Catalunya Rádio”.

Ante el baile de nombres que surgían para dirigir la Corporación, Quim Monzó publicó un artículo en La Vanguardia titulado “¿Y de mí no se acuerda nadie o qué?”, donde presentaba su candidatura al cargo y en respuesta a la propuesta de Madí, proponía al PSC que propusiera a Jose Zaragoza, secretario de organización y finanzas de los socialistas. Era necesario hacer broma para no echarse a llorar.

Finalmente, todos se pusieron de acuerdo en el nombramiento del consejo en una subasta política: cuatro miembros designados por CiU, tres por el PSC, uno de ERC, otro de ERC pactado con CiU, y para mantener la equidistancia, otro de ERC pactado con el PSC. Las dos últimas plazas para los hermanos pobres del parlamento catalán, PPC e ICV. Ciudadanos se quedan sin representantes, y quizás por eso, se pudo ver un Albert Rivera muy combativo contra el resto de partidos en la última sesión parlamentaria en la que se aprobó el nuevo decreto. Finalmente, Albert Saéz fue elegido presidente del consejo de gobierno.

Toda la suerte del mundo para Enric Marín, a quién he tenido la suerte de tener como profesor, en esta nueva etapa y en ningún momento pongo en duda la profesionalidad de ninguno de los miembros de la CCMA, pero parece que la politización de los medios catalanes está muy lejos de acabar. Bendito país.

Tribunales

Este último mes se ha caracterizado por la presencia de tribunales en el discurso político. En España, la imputación del Juez Baltasar Garzón en tres causas a puesto en la picota al Tribunal Supremo y ha reabierto el sempiterno debate de la Guerra Civil y las dos Españas. En Catalunya, seguimos esperando una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya.

Las críticas sobre los procesos contra el juez Garzón se han centrado en la causa abierta contra el magistrado por investigar el franquismo. Parece de república bananera –o en este caso monarquía bananera- que se aplauda que el “superjuez” investigue dictaduras de ultramar pero que le esté prohibido investigar los casos de casa. Pero una vez dicho esto, que la demanda haya sido interpuesta por Falange Española de las JONS –aunque ahora haya sido excluida de la acusación- no invalida para nada el proceso y, en cierta medida, es un síntoma de normalidad democrática. Cualquier persona u organización, sea quien sea, tiene derecho a recurrir o denunciar a la justicia. Si no fuera así, deberíamos delimitar cuales son las buenas ideologías y cuales las malas, y definir entre ciudadanos con todos los derechos y ciudadanos con derechos mermados. Si tanto molesta la Falange –y personalmente me molesta-, los dos partidos mayoritarios se inventaron en su momento una ley de partidos que, hasta donde yo sé, no tiene porque limitarse a la izquierda abertzale.

Por lo que respecta al Estatut de Catalunya, la crítica de que el Constitucional está politizado es bastante extraña. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional es un órgano de control de la cámara de representantes, externo del poder judicial, encargado de que no se aprueben leyes contrarias a la Constitución. La cobardía de los partidos mayoritarios ha impedido la renovación de algunos de sus miembros que ya han terminado mandato y parece que le han pasado el muerto al Constitucional para que recorte lo que en su momento las cámaras no se atrevieron a cortar. Es una vergüenza que se tarde menos en redactar un Estatuto que en dictar una sentencia, al igual que es patético que se recurran artículos en Catalunya aceptados en otras comunidades. La legitimidad del tribunal Constitucional como órgano independiente no ha existido jamás, y la culpa es de los partidos políticos mayoritarios, tanto del PSOE como del PP.

En lugar de lanzarse insultos y descalificaciones, o de criticar a otros organismos, los políticos podrían abandonar el populismo y hacer de una vez su trabajo. ¿Es una vergüenza que no se pueda investigar el franquismo? Por supuesto. Que los partidos se pongan a trabajar y que deroguen la Ley de Amnistía de 1977. ¿Falange Española de las JONS debería ser ilegalizada? Pues que se utilice la ley de partidos. ¿Por qué no se renuevan a los miembros del Tribunal Constitucional que han terminado mandato o al que ha muerto? Porque los partidos no quieren. ¿Está politizado el Tribunal Constitucional? Más de lo mismo, que en vez de repartirse los puestos entre PP y PSOE, se sienten todos los partidos y diseñen un proceso de elección que no responda a sus intereses. Por una vez en treinta años, que los partidos dejen de pensar en ganar las elecciones y se pongan a trabajar.