Los medios de comunicación han sido unánimes al considerar la huelga de funcionarios del 8 de junio como un fracaso. Sorprende las diferentes valoraciones del seguimiento hechas por administraciones y sindicatos, como siempre, pero no sorprende, y también es un clásico, la facilidad con que los medios de comunicación se han lanzado a calificar de fracaso la convocatoria. Los medios de comunicación de derecha jamás dirán que una convocatoria sindical ha sido un éxito, es contrario a su ADN, pero los llamados medios de izquierda, como parte de grupos empresariales, tampoco suelen calificar de éxito las huelgas, y menos cuando la administración gobernante en este momento es de supuesto color socialista. La diversidad y pluralidad de medios de la que tanto alardea occidente desaparece en los temas de estado, y si solo un 11% de funcionarios apoyó la huelga, no sé quien eran todas las personas que estaban en las manifestaciones, manifestaciones por cierto que los medios también han minimizado.
Independientemente de si se valora como un éxito, como un fracaso o en un término media la huelga, se deberían hacer unas apreciaciones sobre la convocatoria. En primer lugar, se haga la valoración que se haga del evento, me parece aventurado sacar conclusiones como que la gente apoya los recortes por el supuesto fracaso de la huelga, tal y como han hecho determinados medios. Dicho esto, hay que decir que el desarrollo de la manifestación de Barcelona fue, como poco, caótico, con enfrentamientos entre la CGT y CCOO/UGT y la demostración de una incapacidad de conseguir una unidad sindical en momentos tan complicados como los que se están viviendo. Si no pueden conducir una marcha desde plaza Universidad hasta plaza Sant Jaume/plaza de la Catedral sin incidentes, poca credibilidad tienen a la hora de defender los intereses de la mayoría de la población trabajadora. Aún así, creo que la convocatoria congregó suficiente gente como para tener esperanzas de cara a futuras huelgas.
La huelga también ha permitido mostrar muchos de los prejuicios de la población hacia el funcionariado y como el discurso de la derecha ha ido calando en la formación de la opinión pública. Comentarios repetidos por líderes de opinión con sueldos obscenos como que los funcionarios son privilegiados por tener un empleo fijo nos llevan a la consideración que los trabajadores deben ser eventuales, y si bien no es sorprendente de tertulianos y opinadores oficiales, si lo es por parte de la población trabajadora que debería exigir el mismo trato por parte de la empresa privada, no desear que los funcionarios los igualaran en precariedad. Detrás de este ataque a funcionarios está el desprestigio de los servicios públicos, unos servicios de los que deberíamos estar orgullosos y que, mayoritariamente y en contra de la opinión de los voceros del reino, cuentan con personal muy competente y trabajador que ha ido perdiendo paulatinamente poder adquisitivo desde 1982. Por si esto fuera poco, la reforma de convenios laborales unilateralmente debería ser motivo de apoyo por parte de la sociedad.
En el caso de Catalunya, además, estos recortes a los funcionarios afectan también afectan a los empleados subcontratados por la administración e incluso puede llegar a afectar a las empresas que reciben subvenciones públicas. En estos casos, los trabajadores son tan precarios como cualquiera, no son funcionarios públicos. Estos casos ponen sobre la mesa la preocupante práctica de la administración de subcontratar servicios negando los derechos que tienen los funcionarios a trabajadores que cumplen funciones similares. Donde la administración debería dar ejemplo se comporta como cualquier empresa dirigida por Díaz Ferrán. Todos estos recortes repercutirán en la calidad del servicio público y, teniendo en cuanta quien nos gobierna, si los aceptamos, pronto se extenderán al resto de la población.
Por todos estos motivos, y sin profundizar en otros aspectos económicos más urgentes que las reformas laborales o este paquete de medidas de reducción del déficit, ni en la aberrante congelación de pensiones, la sociedad debe apoyar a los funcionarios y exigir a los sindicatos la convocatoria de una huelga general antes del verano, porque si no reaccionamos, los mercados, empresas y políticos incompetentes nos llevaran a la destrucción del estado del bienestar que tanto tiempo nos costó conseguir.
Independientemente de si se valora como un éxito, como un fracaso o en un término media la huelga, se deberían hacer unas apreciaciones sobre la convocatoria. En primer lugar, se haga la valoración que se haga del evento, me parece aventurado sacar conclusiones como que la gente apoya los recortes por el supuesto fracaso de la huelga, tal y como han hecho determinados medios. Dicho esto, hay que decir que el desarrollo de la manifestación de Barcelona fue, como poco, caótico, con enfrentamientos entre la CGT y CCOO/UGT y la demostración de una incapacidad de conseguir una unidad sindical en momentos tan complicados como los que se están viviendo. Si no pueden conducir una marcha desde plaza Universidad hasta plaza Sant Jaume/plaza de la Catedral sin incidentes, poca credibilidad tienen a la hora de defender los intereses de la mayoría de la población trabajadora. Aún así, creo que la convocatoria congregó suficiente gente como para tener esperanzas de cara a futuras huelgas.
La huelga también ha permitido mostrar muchos de los prejuicios de la población hacia el funcionariado y como el discurso de la derecha ha ido calando en la formación de la opinión pública. Comentarios repetidos por líderes de opinión con sueldos obscenos como que los funcionarios son privilegiados por tener un empleo fijo nos llevan a la consideración que los trabajadores deben ser eventuales, y si bien no es sorprendente de tertulianos y opinadores oficiales, si lo es por parte de la población trabajadora que debería exigir el mismo trato por parte de la empresa privada, no desear que los funcionarios los igualaran en precariedad. Detrás de este ataque a funcionarios está el desprestigio de los servicios públicos, unos servicios de los que deberíamos estar orgullosos y que, mayoritariamente y en contra de la opinión de los voceros del reino, cuentan con personal muy competente y trabajador que ha ido perdiendo paulatinamente poder adquisitivo desde 1982. Por si esto fuera poco, la reforma de convenios laborales unilateralmente debería ser motivo de apoyo por parte de la sociedad.
En el caso de Catalunya, además, estos recortes a los funcionarios afectan también afectan a los empleados subcontratados por la administración e incluso puede llegar a afectar a las empresas que reciben subvenciones públicas. En estos casos, los trabajadores son tan precarios como cualquiera, no son funcionarios públicos. Estos casos ponen sobre la mesa la preocupante práctica de la administración de subcontratar servicios negando los derechos que tienen los funcionarios a trabajadores que cumplen funciones similares. Donde la administración debería dar ejemplo se comporta como cualquier empresa dirigida por Díaz Ferrán. Todos estos recortes repercutirán en la calidad del servicio público y, teniendo en cuanta quien nos gobierna, si los aceptamos, pronto se extenderán al resto de la población.
Por todos estos motivos, y sin profundizar en otros aspectos económicos más urgentes que las reformas laborales o este paquete de medidas de reducción del déficit, ni en la aberrante congelación de pensiones, la sociedad debe apoyar a los funcionarios y exigir a los sindicatos la convocatoria de una huelga general antes del verano, porque si no reaccionamos, los mercados, empresas y políticos incompetentes nos llevaran a la destrucción del estado del bienestar que tanto tiempo nos costó conseguir.
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